El Reino de Marruecos observa con pesar la instrumentalización del asunto de Sultana y Luara Khayya por parte de varias organizaciones y ONG responsables de la protección de los Derechos Humanos con fines puramente políticos, lo que transmite una imagen completamente errónea y distorsionada de la situación de los derechos humanos en Marruecos, y particularmente en las Provincias del Sur del Reino.
Esta instrumentalización busca astutamente cuestionar los logros del Reino en materia de protección y promoción de los derechos humanos en todo el territorio nacional sin distinciones ni discriminaciones.
Las falaces alegaciones de arresto domiciliario y agresión física y sexual contra las hermanas Khayya constituyen una flagrante instrumentalización de determinadas medidas desplegadas por las autoridades públicas en el contexto actual derivadas del actual estado de emergencia sanitaria desde marzo de 2020 en todas las ciudades del Reino.
De hecho, se han implementado restricciones en particular a las libertades de circulación y reunión, estrictamente enmarcadas por el Decreto-ley que promulga disposiciones específicas para el estado de emergencia sanitaria y las medidas para su declaración. Este decreto, tomado en particular sobre la base de los artículos 21, 24 (párrafo 4) y el reglamento de la Organización Mundial de la Salud, es compatible con los dos primeros párrafos del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticas. Y sin violar los derechos fundamentales de las personas en este delicado contexto, y cuyo objetivo primordial es proteger a la población.
Es obvio que esta instrumentalización hábilmente orquestada por Sultana KHAYYA y sus acólitos pretende dar la impresión de que las ciudades del Sur del Reino están bajo «embargo» y, a fortiori, para engañar a la opinión pública internacional.
En cuanto a las graves acusaciones, desprovistas de todo fundamento y vendidas por cualquier medio por el interesado en relación con las presuntas agresiones físicas o acoso que sufriría de forma continua, reflejan sin lugar a dudas una nueva dimensión en una evidente estrategia desplegada aguas arriba por el Frente Polisario, movilizar a sus relevos, simpatizantes y seguidores presentes en suelo marroquí para recurrir a todo tipo de acciones o procedimientos falaces, en particular a través de la multiplicación de falsas acusaciones y acusaciones, por fantasmagóricas que sean, y en particular captando los mecanismos de Naciones Unidas de protección de los derechos humanos (en particular procedimientos especiales).
Las autoridades competentes, a pesar del carácter fantasmagórico de ciertas denuncias, iniciaron investigaciones (a partir de febrero de 2021), en el entendido de que Sultana KHAYYA nunca ha estado detenida y hasta la fecha no ha sido objeto de enjuiciamiento judicial o arresto domiciliario.
Con base en estas investigaciones, la persona interesada fue citada por los servicios de instrucción para ser escuchada sobre lo que afirma haber sufrido. Sin embargo, hasta el día de hoy, Sultana KHAYYA se niega a dar seguimiento a esta citación y claramente no desea ser escuchada. Las autoridades se preguntan cómo investigar si el interesado se niega a interactuar con las autoridades competentes.
La citación en cuestión tuvo como finalidad audiencia, y se pretende, si los primeros elementos recabados durante la audiencia así lo requieren, acción pública respecto de los alegatos planteados, y esto, de conformidad con el artículo 384 del Código Procesal Penal. (CCP), y no el artículo 137 de la CCP según lo informado por los interesados.
Cabe señalar, además, que elementos de la Brigada Nacional de Policía Judicial incluso acudieron directamente a su domicilio familiar el 2 de junio de 2021 para tomar su testimonio respecto, en particular, a las denuncias de “agresión sexual”. Ella se negó a hablar con ellos, argumentando que su caso fue llevado ante las Naciones Unidas. Lo cierto es que las investigaciones iniciadas por la fiscalía aún están en curso.
Además, cabe señalar que, como parte de su misión de seguimiento e investigación, la Comisión Regional de Derechos Humanos (CRDH), en Laâyoune, visitó a Sultana KHAYYA el 13 de febrero de 2021, para recoger sus declaraciones y brindarle asistencia médica, la cual este último declinó. La demandante también se negó, el 21 y 28 de mayo de 2021, a recibir una delegación de la CRDH de Laâyoune para indagar sobre su situación.
Finalmente, las autoridades marroquíes precisan que se interpuso denuncia contra la Sultana KHAYYA el 5 de abril de 2021, por violencia, insultos, insultos y amenazas contra funcionarios públicos durante el ejercicio de sus funciones y hacen actualmente objeto de averiguaciones previas bajo la supervisión de la Parquet de Laâyoune que todavía están en curso sobre este tema.
