Tal vez al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le molesten las medidas ambientalistas que, según él, pregonan los «catastrofistas ecológicos», pero al menos el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de la ONU tratará de proteger el 30% del planeta durante esta década que inicia.
La meta al 2030 no es fácil, especialmente en América Latina; una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta. Es una decisión que busca dar seguimiento al Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, cuyo objetivo fue, es y ha sido salvaguardar la biodiversidad global a través de las denominadas Metas de Aichi.
Con el objetivo de detener y revertir el declive de las especies, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas propuso esta semana conservar al menos el 30% de la tierra y el mar para 2030. La iniciativa se recoge en el borrador del Marco Global de Biodiversidad Post-2020 llamado Zero Draft.
Se trata del documento para un marco de biodiversidad global para la próxima década que dará continuidad al Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, adoptado en 2010. En él, los países se comprometieron a proteger la biodiversidad a través de una veintena 20 metas globales, denominadas Metas de Aichi.
El texto final se presentará en la 15ª reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) en octubre en Kunming, (China).
La posición de Trump respecto al cambio climático, del cual dice que es una invención para afectar intereses industriales, ha dificultado no sólo la puesta en vigor de políticas ambientalistas, sino que ha aumentado el desdén de ciertos grupos sociales que comienzan a ver en su perspectiva, una forma de perpetrar un «realismo antiplanetario».
Cabe recordar que en noviembre de 2018, se lanzó la Alianza Latinoamericana para Fortalecer Áreas Protegidas (ALFA 2020) cuyo objetivo es impulsar el cumplimiento de la denominada Meta 11 de Aichi. Esta iniciativa propone tener conservadas el 17 % de las zonas terrestres y aguas continentales, y el 10 % de las zonas marinas para 2020.
«Es un esfuerzo que pretende liderar la definición de metas de conservación a nivel global”, dijo Bernal Herrera-Fernández, Miembro del Comité Director, de la Comisión Mundial para el Manejo de Ecosistemas de la UICN, en una entrevista con la Deustche Welle.
La acción en Latinoamérica, que alberga a seis de los diez países más biodiversos del mundo, es fundamental para alcanzar esta meta. No obstante, según el informe «Progreso de cumplimiento de la Meta 11 de Aichi en los países de la Redparques», la región cuenta con un 22% del área terrestre y de agua dulce conservada en áreas protegidas. De los 21 países evaluados, 16 han superado la meta de conservación del 17 % del área terrestre y de agua dulce preservada a través de áreas protegidas.
Para Herrera-Fernández se trata de resultados «conservadores” ya que «esto significa que algunos países han superado esta meta y otros no lo han logrado”. En este sentido, «Colombia y Perú están próximos a cumplir la meta”, agregó Luis Castillo, investigador del Instituto Humboldt de Colombia. «Los demás países que nosotros estudiamos (Ecuador, Venezuela y Bolivia) ya superaron la meta”, agregó.
¿Vaso medio lleno o medio vacío?
Según los datos del informe, el 8,5% de las zonas marinas y costeras están protegidas. «Los esfuerzos de conservación se han enfocado principalmente en el área terrestre. Si se compara con lo terrestre, el conocimiento que tenemos sobre la biodiversidad marina y su distribución es limitado. También hay que agregar que los costos de conservación son comparativamente mayores”, argumentó Herrera-Fernández.
No obstante, la Meta 11 de Aichi, que ahora plantea ampliarse al 30% en 2030, también contempla otros aspectos. «Incluye criterios de representatividad de ecosistemas, conectividad y bien manejados”, recordó el investigador colombiano.
«Evaluamos la cobertura, conectividad y representatividad para estos 5 países y encontramos que ninguno llega a cumplir la meta para estos tres criterios en conjunto, y de hecho se encuentran lejos de hacerlo”, lamentó el especialista.
Así apuntó que solo Ecuador supera la meta, con un 23.8%, en cuanto a conectividad de las áreas protegidas se refiere. «Los demás países no cumplen la meta, siendo Colombia el que más lejos está con un 5,4%”, subrayó.
Por otro lado, otro de los objetivos es que las áreas protegidas sean gobernadas de forma equitativa. «Esta falta de capacidad por lo tanto se refleja en muchos impactos en las áreas protegidas, como la deforestación y la cacería ilegal, entre otras», subrayó Herrera-Fernández.
¿Abrir opciones al sector privado y las comunidades?
Según el experto costarricense, que recordó que en la región existen diversos modelos de gobernanza, confió que durante la COP15 se discuta sobre la figura de ‘otras medidas de conservación basadas en área’ (OMEC) para que «sean consideradas como soluciones innovadoras que contribuyen con la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad”.
Así apuntó a «los corredores ecológicos o áreas de conservación privada, hoy no son formalmente áreas protegidas, pero contribuyen a las metas de conservación”.
El investigador colombiano concuerda con ello. «De nuestro estudio concluimos que, si se quieren cumplir las metas de conectividad y representatividad, es imprescindible promover, establecer y reportar las áreas protegidas subnacionales y las OMEC”, aseguró. «En Colombia se está discutiendo la posibilidad de promocionar las áreas de conservación empresarial como una forma de involucrar al sector privado en la conservación de la biodiversidad”, destacó.
En el caso de Costa Rica, «existe un Programa Nacional de Corredores Biológicos donde los pagos por servicios ecosistémicos se priorizan a aquellos propietarios de bosque que se encuentran dentro de corredores biológicos. Estas acciones pueden ser ejemplo de cómo se puede abordar la conservación voluntaria, a través de comunidades”, subrayó el experto costarricense.
